ALBERTO NAJAR

COSAS DE LA GUERRA contra los narcos: a mediados del mes pasado, mientras el gobierno mexicano festejaba la captura de Benjamín Arellano Félix, líder del Cártel de Tijuana, en Estados Unidos el procurador general John Ashcroft felicitó a la Drug Enforcement Administration (DEA) por la aprehensión del capo.

"Es un ejemplo de su buen trabajo", dijo al administrador de la agencia, Assa Hutchinson, y a un grupo de agentes que le acompañaban.

En México, el discurso del funcionario estadunidense pasó desapercibido, a pesar de que echó por tierra la versión del secretario de la Defensa, general Clemente Vega García -y avalada incluso por el presidente Vicente Fox-, de que había sido una acción cien por ciento mexicana.

"Fue por la vía de la inteligencia -dijo Fox en Tijuana-, gracias a una política muy concreta que hizo posible rastrearlo, investigarlo y al final se crearon las condiciones para detenerlo sin nada de ruido".

¿Controversia diplomática? ¿Un nuevo lapsus presidencial?

No, dicen investigadores y especialistas en seguridad nacional: en el fondo, la aparente contradicción refleja los vientos que soplan en la batalla foxista contra el crimen organizado y en la cual las corporaciones policiacas cumplen, frecuentemente, el papel de meros ejecutores.

Es el caso de El Comandante Min, como se hacía llamar Benjamín Arellano, quien, se supo después, fue efectivamente capturado fundamentalmente por información de la DEA.

"Fue un golpe de suerte, como la muerte de Ramón (Arellano), o de plano una acción de la inteligencia norteamericana -afirma el general Luis Garfias Magaña, director de

l Instituto de Estudios de las Fuerzas Armadas del PRD-, porque en las policías mexicanas los vicios no han cambiado, la gente sigue siendo corrupta".

Para el militar retirado, el actual gobierno está más dispuesto que otros a acatar recomendaciones de corporaciones policiacas estadunidenses, una decisión que, añade el presidente de la Fundación Joaquín Amaro, Oscar Rocha Dabrowsky, no es gratuita.

"Desde el 11 de septiembre, México tiene la necesidad de meterse al perímetro de seguridad de Estados Unidos, y la única forma de hacerlo es con resultados que se obtienen al recuperar el control de las policías", explica. "Es lo único que garantiza eficiencia contra el narcotráfico, los secuestros y, sobre todo, contra el terrorismo".

Es una batalla donde la Procuraduría General de la República (PGR) desempeña un papel menor. Y la muestra es que en los últimos seis meses, las principales acciones contra el tráfico de drogas fueron de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así fue en el caso de Benjamín Arellano, de Adán Medrano Rodríguez, el principal operador del Cártel del Golfo, del arresto de 60 policías locales de Baja California acusados de proteger a narcos y secuestradores, así como en la captura, la semana pasada, de Diego Laija Serrano El Vivo, principal lugarteniente de Héctor Luis El Güero Palma, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

No son casualidades.

"Cuando el general Vega permitió que se filmara su felicitación a los Gafes (elementos del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales) por atrapar a Benjamín Arellano, lo que hizo fue mandar un mensaje clarísimo: el Ejército es el único capaz de dar estos resultados".

El resto de las dependencias que integran el gabinete de Orden y Respeto no tienen capacidad "ni voluntad" para combatir a la delincuencia organizada.

Y eso incluye a la PGR cuyo titular es, coincidentemente, un militar, el general Rafael Macedo de la Concha.

El sombrero ajeno

El presidente Vicente Fox estaba orgulloso.

"Vivimos nuevos tiempos -dijo a los elementos de la Policía Federal Preventiva que recibían patrullas nuevas-, la corrupción y la impunidad, males mayores de un gobierno autoritario, están siendo extirpadas de raíz, porque ahora no se protege a nadie".

Sobre la Plaza de la Constitución, 650 unidades formaban una alfombra blanca y negra, salpicada por el destello de las torretas. Había pasado un mes desde la captura de El Comandante Min y el Presidente seguía en el festejo. Fue, recalcó, una acción que mereció el reconocimiento de la opinión pública internacional.

Tal vez por eso su discurso pareció el inicio de una nueva época donde el combate a la inseguridad, subrayó, se realiza con ética, transparencia y honestidad. "Por eso damos más eficacia a nuestras acciones".

Fue un derroche de optimismo presidencial que se justifica a medias, apuntan investigadores y académicos, porque las acciones que presume el gobierno panista son, en términos reales, cosecha de siembras pasadas.

"No es un esfuerzo que empezó el 2 de julio (de 2000), porque había un compromiso real desde la administración pasada", señala Sigrid Arzt, investigadora de la Universidad de Miami y ex secretaria particular del procurador Antonio Lozano Gracia, el primer panista que tuvo cartera en un gabinete presidencial.

"Fox logra los avances, pero la duda es si lo consigue por su equipo profesional o si es resultado de un trabajo que tiene varios años. Y yo creo que es esto último", dice.

Tal herencia se hace más evidente en los operativos contra los cárteles de la droga, tan publicitados en la actual administración de gobierno.

"La UEDO (Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada) se creó con (Ernesto) Zedillo, los Gafes nacieron en esa época; hay muchos funcionarios que se quedaron en la PGR y que han recuperado la memoria de lo ya hecho. Esta Procuraduría no partió de cero, como otras", insiste la investigadora.

Más aún, los éxitos que se adjudica el gobierno foxista se hicieron, en parte, con prácticamente los mismos policías de hace 15 años. La única diferencia sería, quizá, que la información sobre los narcotraficantes se cuida más ?"apenas siete saben de los detalles"?, pero de todos modos la práctica no es nueva.

"Nació en 1998, después de la Operación Casablanca", explica Arzt. "Desde ese momento empezó a restablecerse la confianza que se perdió después del asunto de (Jesús) Gutiérrez Rebollo".

¿Por qué entonces no hubo los mismos resultados?

Oscar Rocha dice que fue un asunto operativo.

"El procurador Jorge Madrazo estaba solo. Ni él ni Mariano Herrán (fiscal antidrogas) contaban con un brazo ejecutor para cumplir sus instrucciones... Macedo sí lo tiene".

Este apoyo viene con el grado de general brigadier que ostenta el funcionario, pues se trata de un grupo de 600 elementos que trabajaron en el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) con el contralmirante Wilfrido Robledo, que luego se fueron a la PFP y el año pasado, cuando hubo problemas con el secretario de Seguridad Pública, se cambiaron a la PGR.

A este factor se añade el hecho de que, por primera vez en sus 101 años, al frente de la PGR hay un militar, lo que se traduce en una obligada solidaridad de la Sedena para con uno de sus miembros.

La fórmula es sencilla: el fracaso de un general es derrota para las fuerzas armadas. Y para evitarlo se echa todo el apoyo al asador. "Ese respaldo institucional no lo tuvieron otros procuradores".

Hay, además, un elemento adicional: por primera vez desde 1985 la batalla mexicana contra las drogas no recibe críticas de políticos estadunidenses, lo que se traduce como una presión menos para el gobierno federal.

La razón, dice Sigrid Artz, es que nunca como ahora la estrategia mexicana contra el narcotráfico se parece tanto a la del gobierno estadunidense.

"Bush aplica una política policiaca y represiva, sin hablar de rehabilitación. Es lo mismo que se emplea aquí: no se toca el tema del consumo ni la prevención, es una táctica policiaca militarizada".

Por eso, la ausencia de críticas que la administración Fox presume como suya y que a juicio de la investigadora es producto de un trabajo binacional de varios años.

Por eso, "el apoyo permanente y solidario del gobierno estadunidense" que Vicente Fox atribuye "a un acuerdo de colaboración basado en la confianza" y que, insiste Arzt, tampoco es obra exclusiva de este gobierno: el modelo para intercambiar información empezó a tejerse desde 1998, tras Casablanca.

Hay, eso sí, una comunicación más fluida que, según Rocha Dabrowsky, se debe, fundamentalmente, al pragmatismo del Presidente y de su Procurador General.

"No prestan demasiada atención a preocupaciones de orden político ideológico como la soberanía o el intervencionismo", explica.

Cierto o no, es claro que seguir la línea tiene sus beneficios: desde el primero de diciembre de 2000, prácticamente todas las acciones contra el tráfico de drogas que ha emprendido la administración Fox fueron aplaudidas por el gobierno estadunidense, e incluso la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán se recibió con comprensión en la Casa Blanca.

Una auténtica luna de miel que, sin embargo, ya empieza su fase menguante.

La prueba de fuego

Para el gobierno mexicano, el 11 de septiembre de 2000 es más que una efeméride.

Es la fecha en que el narcotráfico dejó de ser prioridad en la agenda de seguridad de Estados Unidos, y su lugar fue ocupado por el combate al terrorismo.

A partir de ese momento la Casa Blanca prácticamente cerró las fronteras, pospuso acuerdos migratorios y restringió derechos a extranjeros residentes.

Para la administración Fox, los atentados terroristas representaron más que pérdidas políticas o económicas. Significan, en términos reales, la obligación de modificar su esquema de seguridad interna y, por ende, de acelerar la recuperación de las corporaciones policiacas, perdido hace varios lustros.

No es problema menor, advierte Rocha Dabrowsky, y ofrece como ejemplo a las corporaciones relacionadas con asuntos migratorios.

"Hay comandantes de la Policía Federal de Caminos (PFC) que aceptan dinero para dejar pasar cargamentos de droga, y harían lo mismo con el cruce de camionetas llenas de terroristas, o con armas químicas. Eticamente ¿cuál es el problema para ellos?"

La situación se agrava ante la propuesta de establecer un perímetro de seguridad alrededor de Estados Unidos, lo que obliga a México a limpiar y recuperar el control de los cuerpos policiacos, pues de otra forma de nada serviría el cerco.

Paradójicamente, a pesar de su interés en el tema, hasta ahora el gobierno de Fox no parece encaminarse hacia ese objetivo. Y una muestra son las restricciones presupuestales a dependencias como la Secretaría de Marina o la cancelación del banco de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ordenadas desde el gobierno federal.

"El terrorismo se combate con inteligencia, y en ese aspecto estamos muy atrás", insiste Rocha Dabrowsky. "Eso cuesta dinero, mucho más del que hasta ahora se ha invertido".

Pero el problema no se limita a los recursos, sino a la forma como los responsables de la seguridad mexicana enfocan el problema.

"Lo que percibo es una agenda motivada por las preocupaciones externas de Estados Unidos, sin tomar en cuenta los problemas nacionales", advierte el investigador.

"Si hubiese una visión estratégica al respecto, México tendría la oportunidad de negociar un intercambio de apoyos muy claro: detengo a los terroristas que crucen el país pero a cambio aumentas el apoyo a problemas comunes, como el narcotráfico"

?¿Y esto se hace?

?No.