Revela que rechazó un "comité" ofrecido por Creel

Ibarra duda que se castigue la guerra sucia; Fox ya pactó

JESUS ARANDA

Ante la falta de decisión del gobierno federal para actuar contra los responsables de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y durante la guerra sucia de los años 70 y 80, "aún está por verse" si el grupo político responsable de esos acontecimientos ya se fue del poder, porque hasta la fecha el gobierno ha actuado como "hermano siamés" de los regímenes anteriores.

Coincidieron en lo anterior los participantes del foro que organizaron La Jornada y Casa Lamm sobre la guerra sucia en México, y añadieron que la lucha "por imponer la verdad y la acción de la justicia", para que ésta determine qué delitos no han prescrito, será fundamental en procesos similares que ahora tienen lugar en Argentina, Chile, Guatemala, Colombia y Bolivia, entre otras naciones.

"Si en México no se impone la justicia, en el resto del continente estamos perdidos", comentaron los panelistas en relación con los mensajes de aliento que han recibido de parte de activistas del sur del continente, quienes siguen con interés los procesos penales iniciados contra el ex presidente Luis Echeverría, ex militares y ex funcionarios que participaron en homicidios y desaparición forzada en agravio de luchadores políticos y sociales.

Los ponentes Raúl Alvarez Garín, Jesús Martín del Campo y Félix Hernández Gamundi hicieron patente su desencanto por los nulos resultados de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ya que no ha consignado penalmente a los responsables pese a que existen documentos y testimoniales suficientes.

A su vez, la dirigente de Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, reiteró que tanto ella como las madres de desaparecidos no tienen "ni pizca de confianza" en la fiscalía.

En posible alusión al activismo desarrollado por Alvarez Garín, Hernández Gamundi y Martín del Campo -los primeros miembros del Comité 68 y el segundo presentador de una denuncia penal contra Echeverría y otros ex funcionarios por los acontecimientos del 10 de junio-, Ibarra de Piedra alzó la voz: "Nos están engañando para coadyuvar con la fiscalía, porque (el presidente Vicente) Fox ya pactó con el Ejército Mexicano y con sus amigos del pasado".

"No creemos que los vayan a castigar en este régimen; parece hermano siamés de los anteriores", aseveró entre aplausos de la gente que llenó el lugar.

Sostuvo también que no han parado los crímenes y cuestionó al gobierno por su indiferencia ante los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que atribuyó a que estas víctimas, como las que murieron durante la represión en años pasados, son "gente prescindible".

Ibarra reveló por otra parte que antes de que se diera a conocer la creación de la fiscalía, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, la visitó en su domicilio para plantearle la idea de conformar un comité encargado de abrir los archivos oficiales, además de invitarla para que fuera la encargada del proyecto y eligiera a quienes formarían parte del mismo.

"Yo les dije -comentó- que no aceptaría, que las madres de desaparecidos no querían papeles ni archivos expurgados, que eso no nos interesa. ¡Queremos a nuestros familiares!"

Por su parte, Hernández Gamundi precisó que los delitos, cuya eventual prescripción es analizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cometidos en 68, 71 y en la guerra sucia, fueron crímenes de Estado, cometidos por un grupo político. "Mientras ese grupo, no los individuos, sino el grupo que ostentaba el poder en el momento, se mantuvo, no puede iniciarse la contabilidad del tiempo para determinar la prescripción de los delitos".

También argumentó que nunca se abrió la averiguación previa correspondiente, es decir, si no hubo investigación, tampoco pudo haber prescripción.