Publica convenio facultativo firmado con el SNTE en 1990

Analiza el gobierno cerrar la normal Mactumactzá

El documento advierte sobre actos de los estudiantes que alteren la normatividad o las actividades de la escuela

ANGELES MARISCAL, ELIO HENRIQUEZ, CARLOS CAMACHO Y JOSE DIAZ CORRESPONSALES

Basado en un convenio firmado en 1990 entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los Servicios Educativos para Chiapas, el gobierno del estado informó ayer que analiza la posibilidad de cerrar definitivamente o, en su caso, reubicar la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ya que "desde hace más de 15 años los egresados y alumnos de dicha institución han cometido una serie de actos vandálicos en prejuicio de la institución y de la sociedad".

En tanto, alumnos de las escuelas normales rurales de El Mexe y Atequiza iniciaron sendos paros de labores en apoyo al ingreso de estudiantes rechazados para el presente ciclo escolar en esos centros educativos, ubicados en los estados de Hidalgo y Jalisco, respectivamente, y manifestaron su solidaridad con sus compañeros de Mactumactzá.

Los Servicios Educativos para Chiapas informaron el lunes sobre la suspensión del inicio del ciclo escolar en el plantel, pero ante la postura de maestros y estudiantes de iniciar actividades de manera autónoma, la dependencia las desautorizó y señaló que no tienen validez oficial.

La noche del primer día de labores escolares, la Secretaría de Gobierno distribuyó a los medios de comunicación un documento en el cual se señala que "existe un convenio que faculta el cierre o reubicación de Mactumactzá".

Dicho acuerdo, que data de 1990, señala que debido a los "actos vandálicos en prejuicio de la institución y la sociedad", las autoridades gubernamentales suspendieron los semestres comprendidos de septiembre de 1988 a enero de 1989, y de septiembre de 1989 a enero de 1990.

El documento sostiene que "en caso de suspender o interrumpir las labores sin justificación, o alterar la normatividad, las autoridades educativas procederán a la cancelación del semestre y, en caso extremo, al cierre definitivo de la escuela".

También se establece la posibilidad de que la normal sea reubicada "en el medio rural del estado", y se consigna que el sindicato de maestros "autoriza y faculta a las autoridades educativas la suspensión o expulsión definitiva de estudiantes".

Este mismo día, familiares de los 116 alumnos de Mactumactzá arraigados y 24 procesados denunciaron que no han podido tener comunicación plena con sus parientes. Los 24 "incomunicados" están acusados de delitos como asonada, motín y atentado contra la paz, hasta robo y lesiones, esto último en agravio de policías estatales.

También, alumnos y padres de familia que la víspera fueron remitidos al penal de Cerro Hueco iniciaron su declaración preparatoria ante el juez de la causa. En los juzgados y en la zona cercana al penal se redobló la vigilancia e impidió a los medios de comunicación presenciar las diligencias ministeriales.

Por su parte, los coordinadores de la sociedad civil en resistencia de los Altos, la selva, el norte, el centro y la frontera de Chiapas, así como otras agrupaciones productivas y de artesanos exigieron al gobierno estatal la liberación de las personas arraigadas desde el 6 de agosto por la Procuraduría de Justicia del estado.

En la normal de El Mexe, Hidalgo, el comité estudiantil anunció que convocará a agrupaciones sociales y estudiantiles de la capital del país para realizar una marcha en apoyo a los normalistas de Mactumactzá, adonde enviaron una comisión de apoyo.

Condena el PRD la forma en que el gobierno de Chiapas aborda el conflico

La secretaría de derechos humanos del PRD nacional y el comité estatal en Chiapas condenaron ayer de "manera enérgica" la forma en que las autoridades de la entidad han abordado el conflicto con la Escuela Normal Rural Mactumactzá, donde se han dictado órdenes de aprehensión contra padres de familia, maestros y estudiantes normalistas arraigados.

En un comunicado, el PRD hizo un llamado al gobierno del estado para que privilegie el diálogo, la conciliación y el buen oficio político en este conflicto, ya que el uso de la fuerza pública no genera la confianza que debe existir entre un gobierno y sus gobernados. También reprobó la "pretensión irresponsable" de cerrar la normal rural, en lugar de fortalecerla y contribuir a combatir el rezago educativo de ese estado. "Repudiamos la violencia que se ha generado por este conflicto, que debe resolverse por los cauces legales institucionales", dice.