El caso de las mujeres asesinadas en Juárez, un ejemplo, dice el ombudsman Soberanes

Fox, sin "esqueletos en el desván", pero sí varios pendientes

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

Boca del Rio, Ver., 19 de agosto. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, sostuvo que pese a las declaraciones de Vicente Fox sobre la inexistencia de "esqueletos en el desván" en México, el gobierno federal debe reconocer que tiene "varios pendientes" en protección a las garantías de los pobladores, como el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, las condiciones de los pueblos indios y los crímenes de activistas, como el de la abogada veracruzana Digna Ochoa y la poblana Griselda Tirado.

Sostuvo que más que humildad para aceptar las críticas de los organismos internacionales, la administración de Fox tendrá que emprender acciones importantes para corregir tales situaciones y reconocer que "muchas veces ha llegado tarde" en la defensa de los derechos humanos, situación que lo ha colocado como "un gobierno de claroscuros" en este renglón.

Entrevistado tras signar un convenio de colaboración entre la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz (CDHV), Soberanes afirmó que México no puede sustraerse a las observaciones de organismos internacionales en derechos humanos y, aunque "no hay esqueletos en el desván", como expresó el Presidente a Amnistía Internacional (AI), el gobierno si tiene "varios pendientes" en el tema.

Citó los casos de las activistas Digna Ochoa y Griselda Tirado, los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, la persistencia de atropellos por corporaciones policiacas y la situación de los pueblos indígenas, que reflejan la necesidad de voluntad política expresa para atenderlos y resolverlos.

Primero se refirió a los asesinatos en Juárez, a los que calificó de "vergüenza nacional" que producen ya una exigencia generalizada de la sociedad para que las autoridades federales cumplan con su compromiso de resolverlo cuento antes.

En el caso de Digna Ochoa lamentó que las autoridades hayan dejado pasar casi dos años y los resultados ofrecidos despierten la desconfianza de la población.

"Se trata de un asunto que también se debió resolver hace mucho y, cuando se tardan mucho en resolver, decimos que se pudre y surgen suspicacias, dudas y los cuestionamientos, pero además es más difícil que la sociedad pueda quedar conforme y las mismas evidencias se pierden".

Ahora lo pertinente, agregó, será esperar que la familia Ochoa y Plácido presente una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal contra las conclusiones de la procuraduría capitalina y la fiscalía especial para que se inicien las investigaciones.

Otro gran asunto sin resolver, dijo, es la actuación de los cuerpos policiacos: maltratos a los detenidos, aprehensiones arbitrarias, torturas, así como la situación en los centros penitenciarios tanto para adultos como para menores de edad.

"Más que recursos para resolver los problemas se requiere voluntad política, ganas de hacer cosas y que no sólo se quede en simples declaraciones."

En lo que va de 2003, la CNDH ha recibido unas mil quejas contra autoridades federales por actuaciones que se consideraron violatorias de las garantías individuales; eso sin contar los casos que no son denunciados.

Lo anterior, concluyó, refleja que la violación de los derechos humanos en México continúa vigente y es cotidiana, y se agravará si la Cámara de Diputados prosigue mermando el presupuesto en el rubro de seguridad pública.