Recuerda a senadores iniciativa presidencial para tipificar como grave la corrupción de niños

60 años de cárcel propone Macedo para quien atente contra la integridad de menores

Las sanciones por este delito son de las más bajas, reconoce el procurador en el Senado

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, reconoció ayer que el Estado y la sociedad "no están satisfechos con los logros obtenidos en el combate a la explotación sexual, prostitución y tráfico de menores".

Destacó que para atacar de raíz este problema deben aumentarse las penas a 60 años de prisión para quien atente contra la integridad de las niñas y los niños, y recordó a los legisladores que en sus manos está parte de la solución del problema, porque el Ejecutivo, dijo, envió al Senado de la República una iniciativa de ley para endurecer sanciones y tipificar como delitos graves el abuso y la corrupción contra menores.

Macedo de la Concha cerró con su ponencia el foro internacional sobre explotación sexual infantil, organizado por el Senado de la República, al que asistieron representantes de 17 países. Dijo a los senadores que en esta cámara se encuentra un proyecto de ley del Ejecutivo que propone reformas a la Constitución, al Código Penal Federal, la homologación de todas las legislaturas locales y enmiendas a las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y Federal contra la Delincuencia Organizada, para que tipifique como delitos graves la pornografía, el turismo sexual y la corrupción infantil.

Reconoció que actualmente las sanciones para quienes prostituyen, comercializan, trafican y corrompen a niños son de las más bajas, porque así están tipificadas en los códigos penales estatales; por ello urgió a legislar en el fuero común en materia de pornografía y turismo sexual infantil para aumentar las penas a 60 años.

Macedo de la Concha dijo que el deber primordial de un Estado democrático "es proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos de las niñas y los niños". Reconoció que la explotación sexual infantil es una de las amenazas más graves contra los menores y uno de los problemas que más preocupan a las sociedades mexicana e internacional.

Durante la conferencia, el procurador insistió en que debe existir conciencia en los gobiernos para atender este problema, además del compromiso de la comunidad internacional para un seguimiento puntual de los planes y programas que combaten estos delitos que afectan los derechos humanos de los niños.

Sostuvo que la explotación sexual infantil es una de las formas de abuso más crueles de la humanidad, porque los niños son seres vulnerables y están sujetos a riesgos, además de que son víctimas de desnutrición, maltrato y adicciones, entre otros.

Detalló que el gobierno mexicano cumple con sus compromisos internacionales, por lo que promulgó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ahora lo que debe hacerse "es velar porque se cumpla, además de que ha ratificado el convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución infantil y su utilización en pornografía".

Macedo de la Concha aseguró que el crecimiento de este problema no significa que haya rebasado al gobierno, pero sí es preocupante las dimensiones que está tomando, pues el alcance de las organizaciones criminales es realmente avasallador, y deben buscarse los mecanismos para detener y controlar ese efecto y fortalecer el estado de derecho.

Dijo que el Código Penal Federal tipifica el tráfico de menores, la corrupción y la prostitución, y 31 estados también han tipificado el delito de corrupción de infantes, sin embargo, subrayó, las sanciones que en las entidades se establecen por esos actos ilícitos son más bajas que las previstas en el Código Penal Federal, por lo que es necesario legislar en el fuero común en materia de pornografía y turismo sexual infantil para aumentar las penas y tipificarlos como delitos graves.

Señaló que en muchos estados la pornografía no está incluida en las legislaciones penales, y que el turismo sexual sólo se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, por lo que llamó a laborar arduamente para homologar la tipificación y la sanción entre las legislaciones estatales y la federal.

Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa presidencial enviada al Senado, resaltó que se establece la excepción para carearse con el inculpado "cuando la víctima u ofendido sean menores de edad"; se incluye la figura típica de trabajo forzado de menores, expone las conductas de corrupción, pornografía y turismo sexual de niños, y en el caso de turismo sexual se amplía la figura típica para incluir a quien realice la promoción, publicación o invitación a efecto de tener relaciones sexuales con un menor.

Se propone además crear un nuevo tipo penal tomando en cuenta las conductas descritas en el protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta, prostitución y utilización de menores en pornografía, y se tipifica el tráfico de personas.

Otra de las reformas que sugiere el Ejecutivo es que se pierda la patria potestad cuando los padres tengan costumbres depravadas, encurran en malos tratos o abandonen sus obligaciones con los niños. Macedo de la Concha sostuvo que debe perseguirse y castigar a quienes lastimas "a nuestras niñas y niños, y al mismo tiempo se deben generar acciones para atacar las causas estructurales de este problema".

Asimismo, en la sesión matutina, Alejandro Nuñoz, director de Casa Alianza México, resaltó que una investigación regional sobre tráfico, prostitución, pornografía y turismo sexual infantil, realizada por esa organización, descubrió que las víctimas son de bajos recursos, se les recluta mediante anuncios en periódicos donde les ofrecen buenos empleos y atractivos salarios.

Además, denunció, viajan con documentos falsos y se encuentran con controles fronterizos débiles. Las redes de prostitución cuentan con múltiples contactos internacionales de difícil detección, como traileros, policías, algunas autoridades migratorias y dueños de bares.

A su vez, la senadora argentina María Cristina Perceval dijo que en su país se tienen todos los instrumentos para garantizar que los niños sean sujetos de pleno derecho, sin embargo, "sufrimos muchas desigualdades". Destacó que en el abuso sexual de menores llama la atención la injusticia e ilegalidad de determinadas prácticas en el modo de intervención judicial. "Es injusto que se maltrate una y otra vez a quienes son víctimas de ese delito".

Por su parte, la diputada cubana Nieves Alemany Aguilera expuso que no obstante la existencia del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde 1962, en su país cada año se destinan los recursos necesarios para el desarrollo de programas de atención a la niñez. Se cuenta con un médico por cada 162 habitantes; la tasa de mortalidad infantil es de 6.2 por cada mil nacidos vivos y 99.3 por ciento de los menores están inmunizados contra 11 enfermedades.

Por Uruguay, la diputada Marta Silvana refirió que en la región latinoamericana, 65 por ciento de los niños de la calle de las grandes ciudades se envuelven en la explotación sexual y 15 por ciento de ellos sobreviven de lo que obtienen por prostituirse.